Desde el 28 de junio, entra en vigor la normativa que obliga a que todos los productos y servicios digitales sean accesibles para toda la ciudadanía, poniendo el foco en personas mayores y usuarios con baja alfabetización digital.
Las empresas afrontan un nuevo reto que va más allá de la transformación digital: la plena accesibilidad de sus plataformas, productos y servicios. Desde este sábado, ha entrado en vigor en España la nueva ley de accesibilidad digital, una normativa que obliga tanto al sector público como al privado a garantizar que ninguna persona quede excluida del entorno digital.
Alineada con las directivas europeas, la ley fija criterios estrictos de diseño universal, que incluyen usabilidad simplificada, navegación adaptada, contraste visual adecuado y compatibilidad con tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, teclados alternativos o interfaces auditivas. El objetivo: cerrar la brecha digital que aún margina a millones de personas, especialmente mayores de 65 años o personas con dificultades tecnológicas.
“La accesibilidad no es una opción, es una necesidad”
Así lo afirma Isabel García, CEO de Bleta, una startup tecnológica española pionera en accesibilidad digital, que ha hecho de la inclusión su razón de ser desde mucho antes de que la ley la exigiera. “Diseñar para todos no solo es una cuestión técnica, es una decisión ética”, destaca. Su compañía, especializada en el desarrollo de tecnología para personas con baja competencia digital, ha situado la experiencia de usuario inclusiva en el centro de cada producto.
Bleta ha demostrado que es posible crear aplicaciones intuitivas y adaptadas sin renunciar a la estética, sometidas a pruebas con usuarios reales, con el objetivo de lograr una experiencia sin barreras. Su app gratuita de navegación y comunicación adaptada, que ya acumula más de 170.000 descargas en 20 países, se ha convertido en referente internacional.
Brecha digital: el reto social del siglo XXI
El Informe de Sociedad Digital en España 2023, elaborado por Fundación Telefónica, revela una realidad alarmante: menos del 50% de las personas mayores de 65 años utiliza aplicaciones móviles de forma autónoma, y una proporción similar sufre estrés ante servicios digitales.
Estos datos ponen en evidencia que, sin accesibilidad real, la digitalización corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de exclusión social. Isabel García subraya: “Una buena parte de la población sigue sin poder beneficiarse de la revolución digital por falta de diseño adaptado. Esta ley no es un techo, es un suelo mínimo desde el que empezar a construir tecnología para todos”.
Diseño universal: compromiso y oportunidad
La ley representa una obligación legal, sí, pero también una gran oportunidad para las empresas tecnológicas. Aquellas que integren la accesibilidad desde el inicio de sus desarrollos no solo cumplirán con la normativa, sino que abrirán sus servicios a millones de nuevos usuarios. “Diseñar para todos mejora la experiencia de todos”, añade Gerard Pinar, COO de Bleta, recordando que la simplicidad, la claridad y la personalización benefician tanto a los usuarios noveles como a los más expertos.
Además, integrar criterios de accesibilidad desde la fase inicial de diseño reduce costes a largo plazo, evita sanciones y, sobre todo, fortalece la reputación de las marcas como agentes de inclusión y responsabilidad social.
Un nuevo paradigma digital
Con la entrada en vigor de esta ley, el diseño digital en España se transforma. Ya no se trata solo de que una web cargue rápido o sea visualmente atractiva. Lo importante es que pueda ser usada por cualquier persona, en cualquier circunstancia.
El cambio no será inmediato, pero ya ha comenzado. La administración pública deberá adaptar todas sus plataformas. Las empresas privadas, especialmente bancos, aseguradoras, telecomunicaciones, ecommerce, plataformas educativas y medios de comunicación, también estarán obligadas a cumplir con los estándares de accesibilidad marcados por la normativa europea EN 301 549.
La inclusión digital ya no es una tendencia, es un derecho.